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Plataforma Ideológica

PLATAFORMA IDEOLÓGICA

EL Partido de La U acata y defiende los siguientes postulados ideológicos:

1)  El respeto por la dignidad humana y la familia como fundamentos de la sociedad.
2)  El acatamiento del Estado Social de Derecho.
3)  La igualdad real y efectiva para todos los ciudadanos
4)  El respeto por la libertad, el libre examen, el pluralismo cultural, étnico, religioso, de género y opinión.
5)  El desarrollo de la equidad social, la fraternidad, solidaridad, la seguridad social y respeto entre los colombianos.
6)  La igualdad de oportunidades a través del acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología.
7)  La protección de la diversidad e integridad ambiental y ecológica.”

Estos desarrollan el espíritu contenido en la denominación que escogimos para identificar a nuestro partido: Partido Social de Unidad Nacional. Esa denominación tenía por objeto caracterizar a nuestra colectividad como una organización política con fuerte vocación social, interesada en la búsqueda de la reconciliación nacional y la paz, y en la construcción de un nuevo país sobre las premisas de la igualdad de oportunidades y la equidad.

A continucación Usted podrá leer la explicación dada por el Presidente Juan Manuel Santos a cada uno de los principios que se defienden en esta colectividad:

I.    Respeto por la dignidad humana y la familia como fundamentos de la sociedad:

La lucha por conquistar el pleno respeto de la dignidad humana ha sido una de las más grandes y nobles empresas emprendidas por los hombres y mujeres de talante democrático durante siglos. Esa lucha es aún en nuestros días una tarea inconclusa, que requiere renovados esfuerzos, y frente a la cual nuestro Partido tiene un firme compromiso.

Asegurar el pleno respeto de la integridad de cada individuo, de sus características como ser moral y de todas aquellas condiciones que lo hacen ser un sujeto único en el mundo, con las condiciones necesarias para desarrollar todo su potencial, es un propósito que debe ocupar un lugar central en cualquier colectividad interesada en construir una organización política justa y libre, tal como lo hace en la nuestra.

Creer en el valor supremo de la dignidad es creer que el ser humano no puede ser utilizado como medio para alcanzar un fin superior. Las sociedades que han utilizado a sus integrantes o a otros –llámense bárbaros, extranjeros o como sea– como medios para alcanzar fines, siempre se han caracterizado por su desprecio por los derechos humanos, por la libertad y la democracia. Sólo el respeto pleno por la dignidad y derechos naturales de cada persona tiene la capacidad de proteger a la sociedad del terror y la dictadura.

Pero la dignidad humana está directamente atada con la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con la totalidad del cuerpo social. Los antiguos tenían claro que el núcleo de la sociedad, desde el cual cada sujeto inicia el proceso de integración con ella, es la familia. En la familia, el principal elemento cohesionador es el amor, al contrario de lo que ocurre con la sociedad, en donde estamos atados por la ley y el sentido de solidaridad social.

Hablando de la familia –en los Principios de la Filosofía del Derecho– Hegel afirmaba que “en cuanto sustancialidad inmediata del espíritu, la familia se determina por su unidad sentida, el amor. De acuerdo con ello, se tiene en esta unidad, en cuanto esencialidad que es en y por sí, la autoconciencia de la propia individualidad, y no se es en ella como persona por sí, sino como miembro”.

Pero además del amor, en su condición de alimento esencial del ser humano, hay que decir que cada día que pasa la ciencia nos da mayores elementos de juicio para creer que los ciudadanos que han tenido mejores condiciones físicas, afectivas y de estimulación intelectual durante sus primeros años de existencia, condiciones que se encuentran más fácilmente en el seno del hogar, tienen mayores probabilidades de convertirse en ciudadanos de bien, útiles a la sociedad, con claros valores y virtudes cívicas, arraigadas en sus normas de comportamiento.

Así, el respeto y el apoyo a las familias en su condición de núcleo primigenio de toda la sociedad, es uno de los fundamentos desde los cuales pensamos que resulta indispensable fortalecer el cuerpo social. Es necesario reconocer, sin embargo, que la familia ha sufrido un dramático proceso de transformación durante el último medio siglo. La aceleración del proceso de globalización, la creciente movilidad territorial e internacional, la internacionalización de la educación, el surgimiento de nuevas expresiones y tendencias sexuales, y el desplazamiento forzoso, entre otros factores, han cambiado a la familia tradicional. 

Zygmunt Bauman ha descrito de forma elocuente estas transformaciones sociales en su obra, dibujando un cuadro que nos exige desarrollar nuevas formas de comprensión de la familia en nuestro tiempo, así como pensar nuevas formas de concebir la política pública necesaria para impulsar el nuevo tipo de familias que viene floreciendo en nuestra sociedad, un tipo de familia caracterizada por su volatilidad, tendencia a la fragmentación, reducido número de integrantes y la tendencia sexual de sus miembros, entre otras condiciones.

Lo anterior exige una seria reflexión sobre aspectos alrededor de los cuales cualquier colectividad política debería tener posturas que respondan a los nuevos desafíos. El Partido Social de Unidad Nacional debe dar un debate interno, ampliamente deliberativo y democrático, que le permita asumir posiciones conjuntas frente a cuestiones sensibles tales como el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la adopción de menores por parte de parejas homosexuales; posiciones que deben tener como eje central la idea de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho de los niños a tener una familia, y un reconocimiento del poder transformador del amor como fuerza social y política.

II.    Acatamiento del Estado Social de Derecho

Los progresos históricos más significativos del hombre moderno, en el afán de conquistar el derecho a la dignidad humana, van directamente atados al surgimiento del Estado de Derecho y sus valores fundantes en el siglo XVII, con la Gloriosa Revolución Inglesa –que condujo a la famosa promulgación del conocido Bill of Rights, el habeas corpus y el Acta de Establecimiento– y su consolidación en el siglo XVIII, con el triunfo de la Revolución Francesa, uno de cuyos pilares esenciales fue el principio de legalidad, que paradójicamente cobró aún más fuerza con la restauración napoleónica.

El principio de legalidad, la idea de que ningún ciudadano está por fuera ni por encima de la ley, es una condición sine qua non para la primacía de la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos y la democracia en general. Cada vez que una sociedad, cultura o movimiento político se aleja de ese principio, sufre las negras consecuencias del autoritarismo o la anarquía, en cualquiera de sus manifestaciones; algunas más sangrientas que otras. Las experiencias del nacional socialismo, el fascismo, el comunismo o cualquier forma de dictadura comprueban esta regla de oro con claridad.

Sólo el imperio del derecho sobre todos los hombres, aunado a los demás valores de las sociedades democráticas, tiene la capacidad de servir de freno a los excesos del poder y los vicios de la anarquía. El derecho es en esa medida, simultáneamente, el poder y el desorden regulado. Según Edgar Bodenheimer:
   
“Por su propia naturaleza el Derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo. (…) Para evitar la anarquía, el Derecho limita el poder de los individuos particulares; para evitar el despotismo, enfrenta el poder del gobierno.”

Es bien sabido que la lucha por el poder entraña, en muchas ocasiones, una carrera desenfrenada para incrementarlo tanto como al sujeto o facción que lo busca le es permitido por los demás. Lo que diferencia a una organización guiada por valores democráticos y a sus líderes de las organizaciones antidemocráticas y sus líderes es fundamentalmente que los primeros se guían con rigor por las reglas de juego definidas por la ley y sus conciudadanos, mientras que los segundos creen que todo está permitido, que la fuerza es la justificación de la estructura económica y social, que la corrupción es un arma legitima para la persecución de sus fines, y que, en suma, la ley no es obstáculo para su actuación.

Lo anterior es importante, porque – tal como lo dice Bodenheimer – en una sociedad en donde impera el poder, reina el elemento de lucha, guerra y sujeción, mientras que en una sociedad en donde impera el derecho, reinan el compromiso, la paz y el acuerdo. Podría decirse que uno de los problemas de nuestro país ha sido la existencia de relaciones basadas en el poder y no en el derecho, o basadas en un derecho resultante del puro poder, de la exclusión del pueblo de la toma de decisiones, en lugar del consenso, la deliberación y la participación democrática de todos.

Esto me lleva a resaltar la importancia que tiene para el Partido Social de Unidad Nacional entender que el Estado de Derecho no es sólo una conformación del Estado caracterizada por la primacía de la ley, sino una estructura política y constitucional basada en la primacía de la ley creada democráticamente. De ahí la importancia del reconocimiento expreso que hace nuestra Constitución Política al pueblo como fuente del poder soberano en su artículo tercero.

A todo lo dicho faltaría agregar la importancia que nuestro Partido da a la definición constitucional de Colombia como Estado Social de Derecho de 1991. La Corte Constitucional desarrolló con precisión la distinción que traía al derecho constitucional la nueva noción de Estado Social de Derecho, contrapuesta a la categoría más sencilla y tradicional de Estado de Derecho de la Constitución de 1886, particularmente en su sentencia T-406 de 1992. La definición de Colombia como un Estado Social de Derecho le impone obligaciones al Estado que bajo la constitución anterior no eran evidentes.

En los capítulos III y V, VI y VII se desarrolla más extensamente nuestra visión en esta materia. Baste por ahora decir que el Estado Social de Derecho impone obligaciones especiales al Estado en campos tan importantes como la salud, la educación, la alimentación y la prestación de servicios públicos, entre otros.

III.    Igualdad real y efectiva para todos los ciudadanos

La lucha por la dignidad –a la que me referí al inicio– no sólo ha sido una acción orientada a la construcción de una sociedad democrática, regida por los valores del Estado de Derecho. También ha sido un proceso que ha tenido por objeto asegurar el trato igual de todos ante la ley, el Estado y la sociedad.

La conquista del derecho a ser tratado de forma igual por el Estado y por el cuerpo social es simultáneamente una victoria del principio de la dignidad y del derecho sobre el poder y la fuerza, que por necesidad siempre son excluyentes y propensos a la discriminación. 

Hace siglos, la ley, el sistema educativo, el sistema social y otras esferas de la vida social, estaban caracterizados por ser abiertamente discriminatorios. Desde el siglo XVII, las grandes revoluciones modernas tuvieron como uno de sus propósitos reivindicar el trato igual de todos los ciudadanos ante el Estado y ante la ley. Ellas lograron la igualdad formal de todos ante la ley, pero la desigualdad material durante siglos siguió siendo la regla.

En nuestros días la discriminación es palpable a través de muchas manifestaciones. En nuestro contexto, a pesar de la igualdad de todos los colombianos frente a la ley, la estructura del sistema político, económico, educativo y social, excluye de manera brutal a millones de compatriotas de los beneficios y privilegios que disfruta una élite privilegiada.

La discriminación y la desigualdad han estado presentes en todos los ámbitos de la vida social.  El ámbito académico y de la cultura no ha sido la excepción. En un famoso ensayo, en el que hace referencia a la obra de Miguel Antonio Caro, Diego Montaña Cuéllar afirma:

“(…) al separar la forma del lenguaje del contenido que la engendra, en vez de servir al desarrollo de la nacionalidad colombiana, hicieron de la lengua un instrumento de discriminación de la gran masa del pueblo y de la pureza idiomática, un reflejo de la explotación de minorías superpuestas al pueblo y extrañas al espíritu. Para ellos, el bien hablar era signo de la gente bien nacida y condición indispensable para imponer la superioridad sobre la plebe.”

Esta forma de discriminación, es apenas una de las muchas formas en que se manifiesta la desigualdad material, que pervive a pesar de la igualdad formal ante la ley, que ya mencioné. Esa discriminación, al igual que cualquier otra, es abominable y debe ser extirpada de raíz, a través de políticas públicas incluyentes, auténticamente interesadas en que para todos sea tangible el principio de igualdad. Ese ha sido mi empeño como hombre de estado y como militante del Partido Social de Unidad Nacional, así como lo ha sido para los demás líderes de nuestro partido.

En esa medida, ha sido un propósito permanente del Partido Social de Unidad Nacional impulsar reformas, políticas y actuaciones dirigidas a materializar el anhelo de igualdad contemplado por nuestra Constitución y que palpita en el alma de todos los colombianos. Eso ha exigido impulsar reformas que han buscado nivelar el campo de juego y el punto de partida de todos los ciudadanos, a través de una distribución justa de los bienes escasos de la sociedad, tales como la educación, la salud, el trabajo y el ingreso.

Iniciativas como la Ley de Primer Empleo, el programa de becas gratuitas para miles y miles de colombianos de bajos recursos, la creación y sostenimiento de programas tales como De Cero a Siempre, Más Familias en Acción, el Fondo Emprender, iNNpulsa Colombia, e incluso la de penalizar la discriminación, entre muchas otras, evidencian nuestro compromiso real en avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos.

Es importante observar acá que esas reformas y políticas, las hemos realizado sin populismo y respetando siempre otro de los pilares que sostienen nuestra visión de la estructura jurídica, política y social que debería tener nuestra sociedad. Ese pilar es el de la libertad, en sus dos manifestaciones principales: libertad entendida como ausencia de interferencia y libertad entendida como la capacidad para hacer lo que se quiera y que no esté prohibido por la ley. Nuestra visión sobre ese pilar se desarrolla en el siguiente capítulo.

IV.    El respeto por la libertad, el libre examen, el pluralismo cultural, étnico, religioso, de género y opinión.

El compromiso del Partido con el “respeto por la libertad, el libre examen, el pluralismo cultural, étnico, religioso, de género y opinión”, del que se habla en el artículo 3 de su Estatuto, debe interpretarse en sintonía con su artículo 5, el cual defiende los objetivos del Partido así: 

“ARTÍCULO 5. OBJETIVOS. El Partido Social de Unidad Nacional busca fortalecer las instituciones democráticas para superar la injusticia social y consolidar el Estado Social de Derecho, el desarrollo económico sostenible del país y la integración de nuestros mercados con los demás países del mundo. (…)”

Una interpretación armónica de ambas normas, evidencia la visión que teníamos en 2010 sobre la interacción entre libertad, economía y justicia. La libertad debía ser el gran pilar sobre el cual podría conquistarse la buena convivencia y la justicia social; y simultáneamente, la libertad real y efectiva sólo podría conquistarse a través de la generación de las condiciones morales, culturales y económicas que le permitieran a cada colombiano ejercer de forma plena esa libertad. Así, el fortalecimiento de las instituciones democráticas tiene como objetivos centrales la superación de la injusticia social, el desarrollo económico sostenible y la realización efectiva de la libertad.

El economista y premio nobel Amartya Sen –quien fue mi profesor en dos ocasiones– expuso en 1999 una importante redefinición de la idea de libertad. La libertad, según Sen, no puede entenderse únicamente como el derecho a la no interferencia del Estado o de terceros en la vida de los ciudadanos. En Desarrollo y Libertad Sen argumentó convincentemente que el goce efectivo de la libertad sólo puede alcanzarse cuando existen cierto tipo de condiciones indispensables para ello, y especialmente, cuando los ciudadanos gozan de las capacidades necesarias para superar la pobreza y poder disfrutar de una vida digna.

El otro tipo de libertad, la mera libertad positiva, entendida como el derecho a la no interferencia, evidentemente no basta. La no interferencia no asegura la ausencia de dominación. Y una sociedad libre sólo puede ser aquella en la cual los ciudadanos no deben soportar ningún tipo de yugo, bien sea el de la pobreza, el de la discriminación sexual, el de la opresión laboral, el control político a través de la dictadura o una democracia de caricatura, o el sometimiento a través de la ignorancia. Así, la no dominación, usando los términos de Iris Marion Young, es un requisito indispensable para la consagración de la libertad.

Adicionalmente, esta forma de ver la libertad tiene directas implicaciones sobre la forma en que concebimos desde nuestro Partido “el libre examen, el pluralismo cultural, étnico, religioso, de género y opinión”, pero también sobre la forma en que concebimos la economía.

Con relación a lo primero, es decir, el respeto que profesamos por el libre examen, el pluralismo cultural, étnico, religioso, de género y de opinión, el Partido Social de Unidad Nacional promueve el derecho –kantiano– de cada colombiano de creer libremente en aquello que le parezca bueno, justo y correcto, siempre y cuando lo haga en una esfera de respeto por el pensamiento y creencias de los demás.

Por ejemplo, en el plano religioso y de libre examen, el Partido comparte los postulados que desde 1762 difundió Juan Jacobo Rousseau en el capítulo VIII del Libro IV de su Contrato Social.

“Hoy que no hay ni puede haber religión nacional exclusiva, deben tolerarse todas aquellas que toleran a las demás, en tanto que sus dogmas no sean contrarios en nada a los deberes del ciudadano. Pero el que ose decir: Fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser arrojado del Estado, a, menos que el Estado sea la Iglesia y el príncipe el pontífice.”

Los principios de lo que Rousseau llamaba la sociedad civil deben ser protegidos en Colombia con particular ahínco. Ahora bien, con relación al pluralismo cultural y étnico, es justo reconocer que nuestro país abreva de muchas culturas, continentes, razas, religiones y visiones del mundo. Proteger o promover una sola de ellas es, ni más ni menos, que atentar contra lo que, precisamente nos identifica como nación: nuestra pluralidad y multiculturalidad.

Son justamente esas características motivo de orgullo patrio y uno de nuestros elementos característicos. Pero acá vale la pena hacer una anotación adicional. Desde que nuestra Constitución Política definió a Colombia en su artículo primero como “un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, el país ha logrado avances importantes en materia de reconocimiento del derecho al pluralismo, especialmente gracias a los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

Sin embargo, también es necesario reconocer que, en el terreno práctico, los derechos a la pluralidad están en entredicho, precisamente debido a los obstáculos que esa Colombia multicultural, pluriétnica y diversa ha enfrentado –y enfrenta cada día– para lograr el desarrollo efectivo de sus derechos

En lo referente al pluralismo de género, nuestro Partido cree firmemente en la importancia de asegurar que las reglas de juego para hombres y mujeres nivelen el punto de partida en las esferas del trabajo, de la economía y de la política. Por eso durante mi gobierno más del 40 por ciento del gabinete ha estado conformado por mujeres, y por eso hemos promovido proyectos y estrategias muy importantes para apoyar al género femenino, como el fortalecimiento del programa de apoyo a las madres cabeza de familia, por poner un solo ejemplo.

Pero acá falta mucho por hacer, empezando por “casa”. Sería revolucionario –en el buen sentido de la expresión– que nuestro partido tomara la decisión de escoger como su próxima directora a una mujer. 

Finalmente, en lo referente al pluralismo de opinión, nuestra colectividad lo ha protegido y promovido, hacia adentro y hacia fuera. Pero en especial lo ha hecho por medio de la práctica, lo cual puede demostrarse plenamente con el estilo de liderazgo ejercido por esta administración durante mi primer y segundo mandato.

Siempre he respondido con tranquilidad, desapasionamiento y espíritu democrático las críticas de la prensa, la opinión pública y la oposición política. Cuando las críticas han sido duras con mi gobierno, he reflexionado y aprendido de ellas, y en ocasiones, cuando lo he considerado necesario después de honda reflexión, he corregido el rumbo; cuando han sido afables, lo he agradecido, conservando la decorosa distancia de un gobierno que respeta la independencia de la prensa y que no intenta corromperla ni comprarla.

Con relación a lo segundo, es decir a nuestra forma de ver la economía, nuestra forma de concebir la libertad nos lleva a pensar que los colombianos sólo pueden ser libres si tienen las capacidades necesarias para ejercer esa libertad. Siendo evidente que para millones de compatriotas ese ejercicio de la libertad es imposible debido a la ausencia de capacidades, la pregunta clave que nos hicimos desde el momento de fundar el partido fue: ¿Cuál es el mejor camino para asegurar que todos los colombianos puedan disfrutar de esas capacidades?

O dicho de otra forma, ¿cuál es la mejor manera de lograr que todos tengan igualdad de oportunidades para estar en un punto de partido similar, que les permita perseguir su visión de lo que consideren una vida buena? Simplificando el análisis de esta cuestión, podríamos decir que nos enfrentamos a tres alternativas.

La primera era optar por una estrategia en la cual el Estado tendría que dejar a las fuerzas de la economía y del mercado actuar por sí mismas, sin interferir en ellas. Tendríamos que optar entonces por un Estado mínimo, tal como lo defendían los grandes teóricos y economistas Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises. Es decir, tendríamos que optar por lo que se conoce como neoliberalismo: desmantelamiento del Estado de bienestar, privatización total de los servicios públicos y libre mercado, sin mayor restricción. Nosotros, a pesar de lo que pueda decir la izquierda ortodoxa colombiana, nos alejamos de esa estrategia.

La segunda era optar por una estrategia opuesta, bajo la cual el Estado debería ser un actor central de la economía, interviniendo en ella como regla general, orientando sus líneas de producción, generando empleos y elevado el gasto público, protegiendo a la industria y al sector productivo nacional con elevados aranceles, con el fin de promover su crecimiento y garantizar su supervivencia frente a las fuerzas externas del mercado. Nosotros, a pesar de lo que puedan decir la ultraderecha colombiana, que nos llama “castro-chavistas”, y los defensores del librecambio a ultranza, nos alejamos de esa estrategia.

La tercera era optar por una línea intermedia, en la cual el Estado debería dar suficiente libertad de acción al mercado, promoviendo la inversión y facilitando el desarrollo de las eficiencias que la libre competencia genera, pero interviniendo con eficacia en la economía cuando las ineficiencias tuvieran por efecto impedir o reducir la posibilidad de que los colombianos pudieran desarrollar sus capacidades de forma efectiva, ejercer su libertad a través de acciones afirmativas y superar la pobreza. Nosotros optamos por esa vía, la Tercera Vía, la cual hemos honrado, protegido, fomentado y desarrollado, con excelentes resultados, de los cuales hablaré en el siguiente capítulo.

V.    El desarrollo de la equidad social, la fraternidad, solidaridad, la seguridad social y respeto entre los colombianos.

En el año 2000 la CEPAL publicó un importante documento titulado Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. En él se afirmó lo siguiente:

“La búsqueda de mayor equidad requiere que la sociedad desarrolle sistemas de protección y promoción de las oportunidades y de la calidad de vida en aquellos aspectos que las propias sociedades consideran de valor social, y que permiten que todos los ciudadanos sean partícipes de los beneficios y actores del desarrollo. Para ello, la política social debe orientarse con sentido integrador, mediante instituciones que consideren simultánea y prioritariamente los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia.” (P.16)

La equidad social puede ser entendida como la existencia de condiciones óptimas que permiten la aplicación de soluciones justas en casos concretos. Esto no siempre se logra, por supuesto, por diversas razones: por ejemplo, malos arreglos institucionales o intereses incompatibles entre necesidades de calidad y cobertura. Pero el arte del buen gobierno consiste, entre otras cosas, en buscar esas soluciones óptimas, por difícil que sea alcanzarlas.

Nuestro Partido, atendiendo la evidente necesidad de lograr una mayor equidad referida por la CEPAL, desde el momento de su fundación se dio a la tarea de promover esos sistemas de protección y promoción de las oportunidades y de la calidad de vida en aquellos aspectos que los colombianos consideran de valor social.

En cumplimiento de esa tarea, gracias al trabajo del Partido Social de Unidad Nacional, Colombia ha logrado durante los últimos 5 años que 4,4 millones de compatriotas superen la línea de pobreza y cerca de 2,5 millones la pobreza extrema; 2,7 millones han encontrado empleo; se ha reducido a menos de 9 por ciento el nivel de desempleo, el más bajo de la historia reciente; la clase media se ha fortalecido, y cerca de 1 millón de niños entre los 0 y 5 años de edad se están beneficiando con el programa De Cero a Siempre, entre muchos otros logros.

Así, el Partido Social de Unidad Nacional ha adoptado una doctrina, una filosofía política y una forma de concebir el desarrollo social, la economía y la vida, que ha puesto en práctica y que ha materializado en iniciativas y logros tangibles, que han ayudado a mejorar la calidad de vida, las oportunidades y el ejercicio positivo de la libertad de millones de compatriotas.

Para terminar, en lo referente a la promoción del “respeto entre los colombianos”, nuestro Partido es un convencido del principio kantiano, según el cual el derecho de una persona llega hasta donde empieza el de los demás; esa es la principal forma de respeto.

Creemos que en el cumplimiento riguroso de ese principio, que conlleva y requiere un elevado sentido de la integridad, la ética y la honestidad, se encuentra la llave de la paz estable y duradera de Colombia; paz que estamos buscando con firmeza, decisión y buen ritmo, sin perder jamás la mesura, la prudencia y la templanza.

VI.    La igualdad de oportunidades a través del acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología.

En la misma línea de lo que he venido exponiendo, la igualdad de oportunidades, el desarrollo pleno de la libertad a través del ejercicio de capacidades, y la superación de la pobreza, sólo pueden alcanzarse cuando la sociedad en su conjunto garantiza que todos los ciudadanos tengan igual acceso a procesos formativos de alta calidad, que les permitan desarrollar su intelecto y todo su potencial.

Al asegurar el acceso a esos procesos formativos, las sociedades pueden avanzar, simultáneamente, por la senda de la ciencia, la tecnología y el progreso. Sin conocimiento, sin ciencia, sin investigación y sin tecnología, las sociedades están condenadas al estancamiento y a la disminución de su poder político, económico y cultural, relativo a otras sociedades o naciones.

Pero no sólo eso. El futuro de la humanidad está íntimamente ligado al desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, la nanotecnología, la astronomía, la bioquímica y la biotecnología. Mientras que en el corto tiempo es posible prever un salto cuántico del ser humano gracias al aprovechamiento de los conocimientos obtenidos en desarrollo de esas disciplinas, también es posible concluir que quienes queden por fuera de las élites globales de investigación e innovación muy seguramente quedarán relegados por el vertiginoso progreso de quienes lleven la delantera.

Por eso, para el Partido Social de Unidad Nacional, los esfuerzos para garantizar el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología están en la primera línea de sus prioridades de desarrollo legislativo, regulatorio y de política pública, desde el momento de su fundación.

Esos esfuerzos deben responder a lo que Al Gore denominó en 2013 como los Six Drivers of Global Change, en su libro Future, es decir, a las principales tendencias globales que están definiendo en nuestra era el futuro del mundo, de los países que lo integran y de la humanidad como un todo.

Esas tendencias, en resumen, son, el surgimiento de una economía global profundamente interconectada; el surgimiento de una red global de comunicaciones electrónicas, cada vez más sofisticada y con avances vertiginosos en materia de inteligencia artificial; el surgimiento de un nuevo equilibrio de poderes mundial, radicalmente distinto al que imperó por más de medio siglo después del final de la segunda guerra mundial, con el retorno del péndulo del poder a los países del Este, así como a los mercados y a grandes empresas multinacionales o globales; el crecimiento poblacional y de consumo irracional que tiene en jaque a los ecosistemas globales; el surgimiento de nuevos avances en biología, bioquímica y genética, que están permitiéndole a la humanidad progresos inimaginables hace menos de una década en el proceso de transformar, manipular y crear nuevos tipos de vida; y finalmente, el surgimiento de un nuevo tipo de relación entre la humanidad y los ecosistemas de la tierra, empezando por los más vulnerables y necesarios para el hombre.

Estos cambios no pueden ser tenidos a la ligera. En palabras de Gore:
   
“Hay un claro consenso en que el futuro que está surgiendo será extremadamente diferente de cualquier cosa que hayamos conocido en el pasado. Es una diferencia no de grado, sino de especie. No hay otro periodo anterior de cambio que se asemeje, así sea remotamente, a lo que la humanidad está a punto de vivir.”

El cambio climático, las crisis financieras mundiales, el resurgimiento de los nacionalismos extremos y el vertiginoso progreso de la ciencia, son síntomas inocultables de que el análisis de Gore no dista mucho de la realidad. En ese contexto de inmenso cambio, de tan alta volatilidad, Colombia debe cambiar y sus líderes deben impulsar los motores de ajuste necesario para que podamos salir airosos de la turbulencia que ya estamos viviendo y que se irá volviendo cada vez más potente en el futuro.

Hasta ahora, desde el Gobierno y con el apoyo de nuestras fuerzas políticas en el Congreso, hemos impulsado cambios profundos para asegurar el acceso de todos los colombianos a la educación. Por ejemplo, durante mi primer periodo de gobierno decretamos la gratuidad total del grado cero al once en los colegios públicos y, en conjunto con nuestra bancada en el Congreso, sacamos adelante una ley que establece los créditos educativos con cero interés real para los estudiantes de más bajos recursos, con lo cual beneficiamos de manera muy especial a los jóvenes y familias que mayores dificultades tenían para pagar su educación.

Así mismo, fortalecimos el SENA y logramos que millones de colombianos se beneficiaran de sus ciclos de formación, pero también logramos acercar al sector productivo al proceso educativo, brindando capital humano de calidad y excelencia para las empresas del país de mayor proyección.

También, pusimos en marcha proyectos muy ambiciosos como De Cero a Siempre, para la atención integral a la primera infancia, el cual ya mencioné arriba, y Todos a Aprender, un proyecto educativo que busca elevar la calidad de miles de maestros a lo largo y ancho de todo el país, con lo cual hemos generado un impacto positivo sobre sus capacidades de enseñanza y formación.

Más recientemente, este año lanzamos la iniciativa Ser Pilo Paga, a través de la cual becamos a los 10.000 mejores estudiantes del país para estudiar en las mejores universidades, y dándoles apoyos de diverso tipo, para que puedan concentrarse en sacar adelante sus estudios y convertirlos en ciudadanos productivos, creativos y líderes para un país que necesita de las mentes más brillantes y de los corazones más puros.

Uno de los líderes populares más importantes de la historia del siglo XX de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, sabía muy bien cuál era la importancia central de la educación en el proceso de construcción de un país libre y en paz, y en 1916, siendo aún un adolescente, dijo:

“(…) sólo la instrucción salva a los pueblos, solo ella es capaz de atravesar, en los momentos de angustia, los horizontes turbios para ahuyentar de ellos el rayo de la guerra, de la miseria y de la esclavitud. Sólo ella es capaz de hacer agolpar en tropel todos los dones de la civilización sobre el alma de un pueblo; con solo el abrazo de la instrucción basta para que un país despierte en la inmortalidad”.

Comparto la trascendencia que da Gaitán a la educación como herramienta principal en la transformación de un pueblo y en la conquista de la paz. Hoy, más que nunca, el país requiere de una ciudadanía educada, libre, racional y crítica, pero con capacidad de perdonar y de superar las diferencias. De ahí el lema de este gobierno de este gobierno: “Paz, Equidad, Educación”.

VII.    La protección de la diversidad e integridad ambiental y ecológica.

Durante siglos el hombre ha explotado la naturaleza como si sus recursos y su sostenibilidad fueran infinitos. Sin embargo, durante las últimas décadas ha quedado en evidencia que el equilibrio y la armonía de la naturaleza ha entrado en grave crisis; que esa crisis ha desatado graves consecuencias para las poblaciones humanas a lo largo y ancho del globo; y que no es posible continuar con el ritmo de explotación de los recursos naturales sin cavar simultáneamente la fosa común en la que algún día dormirá la humanidad.

A modo de ejemplo, los informes de la FAO son contundentes en demostrar el nivel de deterioro de los recursos pesqueros, debido a la sobreexplotación de los ríos y mares, especialmente en China, Japón, los Estados Unidos y Europa. Otros documentos de agencias dedicadas a la protección ambiental evidencian el crítico estado de contaminación de arterias fluviales que antes serían para alimentar cientos de miles de hectáreas de tierras fértiles, con sus cultivos, y que ahora son siniestros portadores de mercurio y cianuro debido a la explotación minera.

Otros estudios más muestran la gravedad de la contaminación atmosférica, el impacto de dicha contaminación sobre el proceso de calentamiento global, y plantean que estamos ad portas de superar un punto crítico a partir del cual nos encontraremos en un punto de no retorno, que podría marcar el inicio de la extinción de la humanidad en su forma actual.

Otros trabajos muestran el deterioro que tiene el calentamiento global y la contaminación para la destrucción de los ecosistemas, para la aceleración de la extinción de miles de especiales animales y vegetales, e incluso para millones de seres humanos que se enfrentan a graves de riesgos de escasez, de sed y hambruna, tal como es posible evidenciar en el África Subsahariana, en donde más de 15 millones de niños mueren cada año por desnutrición.

Incluso, documentos más recientes, como el libro Guerras del Clima, de Gwynne Dyer, presentan evidencia científica seria que permite conjeturar que en un futuro no muy lejano los efectos del cambio climático van a generar presiones que ocasionarán migraciones masivas de cientos de millones de personas en todo el planeta, en búsqueda de agua y de climas más favorables para la vida humana, presionando simultáneamente la reorganización del mapa geopolítico global y poniendo en riesgo la –ya de por sí maltrecha– estabilidad política y militar global.

En la reorganización de ese tablero de ajedrez, Colombia tiene un papel protagónico. Muchas cosas están cambiando acá. Por eso debemos prepararnos para el futuro pero también cumplir con nuestra parte de un nuevo contrato social global en el cual la agenda de prevención del cambio climático mundial esté en el centro de prioridades de la agenda internacional. Nuestra riqueza ambiental nos hace un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, y debemos ser conscientes de esto.

Pero no sólo eso: también debemos aprovechar las oportunidades que brinda la nueva realidad ecológica del siglo XXI. Colombia ha sido durante siglos una potencia ecológica global, y puede serlo aún más en un contexto de sequía, inundaciones y cataclismos ambientales sin precedentes. Debemos ser capaces de ver con agudeza el nuevo futuro y trazar la carta de navegación que nos lleve a puerto seguro, pero que simultáneamente nos permita sacar provecho de nuestras ventajas relativas en este nuevo mundo.

El Partido Social de Unidad Nacional desde su creación ha hecho aportes relevantes en materia de protección del medioambiente. Por ejemplo, gracias a nuestro Partido se adoptaron severas normas de protección de los páramos del país, empezando por el Páramo de Santurbán, que protegimos de manera definitiva de la explotación minera; y en nuestro gobierno ampliamos la extensión del Parque Nacional Natural de Chiribiquete, pasando de 1,3 millones a 2,8 millones de hectáreas, una extensión similar a Bélgica; también declaramos el Parque Natural de Bahía Portete, con lo cual protegimos más de 14.000 hectáreas de la Guajira colombiana, salvaguardando el ecosistema de la comunidad wayuu que habita ese territorio.

De otra parte, en la actualidad hace trámite en el Congreso de la República una iniciativa de la mayor trascendencia que busca crear la categoría de “ríos protegidos”, una herramienta para la protección de las cuencas hídricas del país. Esperamos que el Congreso de la República, y en particular la bancada de nuestro Partido, apoye dicha iniciativa legislativa, al igual que todas aquellas que contribuyan a la protección del medioambiente, a la prevención del cambio climático y a la mitigación de sus efectos.

Conclusiones

El Partido Social de Unidad Nacional ha alzado en alto las banderas de la dignidad humana; de la libertad, entendida como aquella que surge cuando el pueblo tiene las capacidades necesarias para hacerla efectiva; de la igualdad de todos ante la ley; de la democracia real, deliberativa y participativa; de la igualdad de oportunidades y de la necesidad imperativa de proteger el medioambiente. Así mismo, ha entendido que la conjugación armónica de esas banderas y sus principios es la vía más expedita y segura hacia la construcción de un país próspero y en paz.

Las contribuciones de nuestro Partido, orientadas a la conquista efectiva de esas banderas, han sido tangibles, de alto impacto, oportunas y verificables, además de haber sido alcanzadas en un periodo muy corto de tiempo. No podemos olvidar que en 2005, cuando nació el Partido Social de Unidad Nacional, Colombia apenas empezaba a dejar de ser un país que muchos consideraban fallido para convertirse en un país líder en el hemisferio, por su capacidad de reinventarse, de superar sus dificultades y de lograr acuerdos internos y externos en la búsqueda de la solución de sus mayores desafíos, y de conquistar las oportunidades que brindar el presente y el mañana.

Tengo la seguridad de que nuestra colectividad seguirá fortaleciéndose, reinventándose y encontrando caminos para avanzar con mayor velocidad, seguridad y brío hacia una nueva era de prosperidad material, cultura y espiritual, y hacia la consolidación de un estado de paz, felicidad y oportunidades para todos nuestros conciudadanos.

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